La Fundación Zanmi Timoun repudió la repatriación masiva de niños haitianos no acompañados desde la República Dominicana y llamó la atención sobre los riesgos que corren las infancias en el contexto de las deportaciones.

Las autoridades de República Dominicana rompieron un récord al repatriar a 11.177 ciudadanos haitianos en solo una semana.

En consecuencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de Haití solicitó a la administración dominicana que respete los derechos de los menores de edad en el plan de deportación a gran escala.

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“Deben ser respetados los derechos inalienables de todos los niños, mujeres y hombres objeto de esta lamentable decisión, de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales que rigen la materia”, informó en comunicado la cancillería haitiana.

En un comunicado publicado por el diario Le Nouvelliste, la cancillería tildó de discriminatoria la medida de deportación a gran escala lanzada por el gobierno dominicano, que comprende la expulsión de 10 mil haitianos semanalmente.

Tras la Dirección General de Migración informar que el Gobierno ha repatriado al menos 11, 000 haitianos en la primera semana de deportaciones, superando su meta de 10.000 migrantes semanales, algunos ciudadanos haitianos indicaron que estas repatriaciones afectarán la… pic.twitter.com/w6UulDHr4E

— Francisco Tavárez (@eldemocratard) October 12, 2024

Asimismo, la Fundación Zanmi Timoun, promotora de los derechos de las infancias en Haití, enfatizó su repudio a la repatriación masiva de niños haitianos no acompañados desde el país fronterizo.

En los últimos meses, defensores de los derechos humanos observaron un incremento preocupante de este fenómeno que deja a los infantes en situación de vulnerabilidad ante diversos riesgos para su integridad física y bienestar emocional.

La Fundación Zanmi Timoun imputó a Santo Domingo por infringir una severa infracción a los derechos de los niños, los cuales están resguardados por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

En su artículo 22, el documento estipula que los Estados deben asegurar la protección y asistencia de los niños refugiados y solicitantes de asilo, especialmente los niños sin acompañantes.

Por otro lado, el artículo 37 de la Convención prohíbe cualquier tipo de trato cruel, inhumano o degradante, además de la restricción arbitraria de la libertad de los menores de edad.

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